Negociación de la paz en la década de los noventa en Colombia

El conflicto armado de los últimos cuarenta años en Colombia ha modelado la fisonomía de las relaciones políticas y de la situación de la economía interna, produciendo fuertes restricciones a la participación democr tica, la efectividad de los derechos humanos y la calidad de vida de la población, adem s de crear las condiciones para la imposición de políticas de defensa y seguridad nacional que debilitan la soberanía del país.

1. Conflicto armado y economía

En relación con los efectos económicos del conflicto armado, Planeación Nacional calculó los costos del mismo desde mediados de los noventa así: entre 1990 y 1994 el país invirtió 12 billones y medio de pesos en gastos militares, lo que equivale a un 4 por ciento del PIB (la quinta parte del presupuesto del 2002). El capital humano perdido fue del orden de 6.8 billones de pesos en el mismo período, unas 17.624 personas murieron en ese período por la guerra, de las cuales el 53,6 por ciento eran civiles.

De acuerdo con el economista Libardo Sarmiento Anzola ’El conflicto social y político en su expresión armada consume un alto porcentaje de los recursos públicos. Como el presupuesto público es financiado significativamente con recursos de crédito se puede afirmar que esta es una economía de guerra al debe. Según el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2001, cerca del 70 por ciento de los gastos de personal se concentran en Defensa, Policía Nacional, Rama Judicial y Fiscalía. En los gastos generales estas cuatro entidades concentran el 72 por ciento de los recursos públicos. De los cerca de 800.000 cargos de planta de la administración pública el 45 por ciento corresponde a los sectores de defensa y seguridad, justicia, fiscalía y fuerza pública, esto es, 360.000 cargos...’.

2. Plan Colombia

El escalonamiento de la guerra en Colombia es evidente en los dos últimos años como consecuencia de la implementación del Plan Colombia. Este no es m s que una nueva estrategia de intervencionismo norteamericano en la Región Andina que bajo la forma de la lucha contra la producción de cultivos ilícitos y el tr fico de drogas ilícitas, busca proteger intereses económicos y geopolíticos en el rea, así como neutralizar las luchas populares que puedan impedir la constitución del Area de Libre Comercio de las Américas, objetivos estos que se infieren del informe anual del Departamento de Estado de Estado para el año 2000.

El Plan Colombia se enmarca ideológicamente dentro del esquema de la Doctrina de Seguridad Nacional y opera sobre la base de los acuerdos militares del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). El Plan Colombia contiene un fuerte énfasis militarista pues cerca del 80 por ciento de los recursos financieros que contempla se invierten en fortalecimiento de los aparatos armados del Estado y en la lucha contra los cultivos ilícitos, mientras el 20 por ciento restante estádestinado a la reforma de la administración de justicia, proyectos de inversión social y derechos humanos.

3. Actores armados, DDHH y DIH

Algunas cifras que ilustran la magnitud y din mica de la guerra que enfrenta Colombia son las siguientes:

’...entre abril y septiembre de 2000, casi veinte víctimas en promedio diario fueron víctimas de la violencia sociopolítica: m s de 11 víctimas diarias a causa de ejecuciones extrajudiciales y homicidios políticos; m s de 2 por desaparición forzada; m s de una muerta cada dos días por homicidios políticos; m s de una muerta cada dos días contra personas socialmente marginadas; y m s de cinco personas muertas en combate cada día... Este promedio diario significa que 3.538 personas perdieron la vida, en seis meses, por la violencia sociopolítica; de ellas, 2.614 por violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario; 924 civiles y combatientes murieron en combate’.

El promedio de víctimas diario a causa de la guerra viene increment ndose a medida que se extiende la magnitud del conflicto: mientras en 1988 se registró un promedio de 12 personas muertas, en marzo de 2000 aumentó a 14 víctimas diarias; de 6 víctimas diarias por ejecución extrajudicial y homicidio político se pasó a 11 en el 2000. Otro dato que ilustra la gravedad de la crisis humanitaria por la que pasa el país es que en la última década han sido desplazadas forzosamente 2.200.000 personas según estadísticas de la Consultoría para el Desplazamiento y los Derechos Humanos, CODHES, lo que ubica a Colombia en el tercer puesto en el mundo entre los países que m s desplazados internos tienen.

En relación con los responsables de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario se ha dicho que ’el 83.74 por ciento se atribuyó a agentes estatales por perpetración directa, el 4,55 por ciento (70 víctimas); por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 79.19 por ciento (1.218 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 16,25 por ciento de los casos, con 250 víctimas’.

Se complica el panorama por las graves violaciones al derecho internacional humanitario como consecuencia de la degradación del conflicto armado, así por ejemplo, durante el año 2000 se presentó m s de un caso de masacre de población civil, en su mayoría perpetuadas por paramilitares. La crisis de la administración de justicia es evidente cuando se sabe que Colombia posee un nivel de impunidad del 90 por ciento.

A las circunstancias descritas, se adiciona el problema del paramilitarismo que ha complicado el panorama del conflicto y de los derechos humanos. Los paramilitares organizados en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, han tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos cinco años contando hoy con unos 13.000 miembros, divididos en diferentes frentes en regiones donde tradicionalmente hubo presencia de las fuerzas insurgentes. El paramilitarismo representa un problema pr cticamente insalvable en el proceso de negociación dado que mientras reclama estatus político como actor de la guerra, la guerrilla no reconoce su independencia respecto del establecimiento.

4. Sobre la paz y su negociación

Por el momento, con respecto a la paz, sólo se tiene en claro la idea emblem tica de la paz integral, que complemente paz con justicia social, una redistribución de la concentración de la riqueza, la defensa y protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y una perspectiva de género acorde a los nuevos tiempos y necesidades del país. Para llegar a esta idea hace falta un complejo proceso de negociación al interior de la sociedad colombiana que permita llevar a cabo una serie de reformas estructurales en el país.

En cuanto al proceso con las FARC, las percepciones que tienen las partes de ellas mismas y del contrario han llevado a que se rompan los di logos con el gobierno y a que nos estemos viendo abocados a un momento de forcejeo militar que generaría las condiciones de un nuevo proceso de negociación. Se ve en ambos actores una fisura grande entre los sectores m s proclives a las salidas negociadas y aquellos que prefieren la apuesta militar.

Del acercamiento entre este grupo insurgente y el actual gobierno quedan algunos elementos que vale la pena resaltar: (1) La construcción de una agenda común que de alguna manera marca los derroteros de un conjunto importante de problemas que tiene que solucionar el país. (2) El involucramiento de la comunidad internacional con la problem tica colombiana, ellos fueron facilitadores importantes en todo este proceso.

Entre las limitaciones que encontramos en este proceso nos encontramos con el hecho de que el modelo de negociación en medio del conflicto llevó a que las partes subordinasen la negociación al tema del fortalecimiento militar. Igualmente nos encontramos ante un modelo excluyente y elitista que fue incapaz de convocar a la sociedad en su conjunto.

El proceso de negociación con el ELN ha llevado una din mica diferente y ha estado sometido de cierto modo a los vaivenes del proceso con las FARC. El primer modelo que se propuso, y que los insurgentes no han abandonado, es el de una ’Convención Nacional’ al interior de la cual deben tratarse los diferentes temas. No obstante, dificultades intrínsecas de la negociación y en particular el hecho de la exigencia de la llamada ’zona de encuentro’ para realizar a cabo dicho evento llevaron el proceso a un nudo ciego.

Para desatar este nudo se propuso inicialmente una ’agenda de transición’ que permitiese hacer un balance del proceso y preparar una negociación con el gobierno siguiente. No obstante, la din mica del país y las exigencias del nuevo escenario internacional han acelerado el proceso y ahora se presenta la propuesta de una ’tregua integral’ que permita hacer avanzar las negociaciones dentro de un escenario nuevo. En este proceso ha jugado un papel importante la comunidad internacional y se ha visto una preocupación grande de los actores por incorporar en el proceso a distintos sectores de la sociedad civil.