El laberinto de la democracia en Colombia

1991 fue un año importante para Colombia pues la celebración de la Asamblea Nacional Constituyente propuso caminos y encuentros en medio de una crisis profunda. A lo largo de la década, sin embargo, los caminos se han tornado laberínticos y no hemos logrado llegar a los encuentros, para pasar del círculo vicioso de la crisis al círculo virtuoso de la democracia.

La Constitución Nacional fue el intento de delinear un modelo de sociedad a construir, bajo la fórmula política de proclamarse un Estado Social de Derecho que, enriquecida con los aportes del multiculturalismo y del reconocimiento de la diversidad, permitiría poner en marcha el proyecto histórico de desarrollar una sociedad menos arbitraria y m s pluralista, participativa y justa. No obstante, a diez años vistos, los resultados no son nada alentadores: el conflicto armado ha aumentado en intensidad y crueldad, la violencia homicida se mantiene en niveles intolerablemente altos, la violación a los DDHH persiste, la impunidad frente al conjunto de delitos no ha disminuido en forma significativa, los indicadores de pobreza y desigualdad han tendido a deteriorarse, la participación democr tica no se ha incrementado sensiblemente.

,Cómo valorar los fracasos y las posibilidades en este contraste de hechos y búsquedas por y contra la profundización de la democracia en Colombia? Hacer un balance de los avances y retrocesos puede ofrecernos un panorama para tantear el camino a seguir. Veamos:

1.Progreso sustantivo en el reconocimiento y la protección judicial de los derechos humanos por cuatro razones: esta carta es m s generosa que la anterior en el reconocimiento constitucional de los derechos; ha permitido una incorporación vigorosa del derecho internacional de los DDHH en la pr ctica jurídica, por medio de figuras como el ’bloque de constitucionalidad’; no se limitó a incorporar formalmente los derechos sino que diseñó valiosas acciones judiciales para su protección, como la tutela o las acciones populares; en la pr ctica jurídica muchos ciudadanos han encontrado respuesta positiva a la protección de sus derechos. Sin embargo, a pesar de los avances jurídicos en el reconocimiento y aplicación judicial de los derechos humanos y la disminución relativa en la impunidad en casos de corrupción política, violación de DDHH o narcotr fico, no ha habido una incidencia significativa en el goce efectivo y pr ctico de esos derechos por los colombianos, como lo muestra l

a lect

ura de cualquier informe de derechos humanos, la continuación de masacres y ejecuciones extrajudiciales, y el vergonzoso aumento del desplazamiento forzado en el país.

2.La CP del 91 acertó en indicar los derroteros ideológicos por los cuales transitar la reconstrucción nacional colombiana, pero el proceso constituyente y algunos diseños institucionales tuvieron limitaciones que explican muchas de las promesas incumplidas, principalmente las reformas económicas neoliberales que van en contravía con la idea de un estado social de derecho posbenefactor. Dicho en otras palabras, hay una fuerte tensión y contradicción entre el contenido social de la constitución y las estrategias de desarrollo de los gobiernos colombianos a partir del 91. El caso del derecho laboral lo ilustra: mientras que la carta política constitucionalizaba importantes garantías laborales y sindicales, confería fuerza jurídica interna a los Convenios de la OIT, los diferentes gobiernos impulsan una reforma laboral que golpea la estabilidad del empleo y los derechos conquistados por la clase trabajadora.

3.Se presentaron ausencias en el debate de la Asamblea o bien las propuestas m s democr ticas y avanzadas fueron derrotadas: la discusión sobre el papel de la fuerza pública en una sociedad democr tica fue un tema ausente. También, se presentaron errores en el diseño institucional propuesto, por ejemplo: no enfrentó adecuadamente la reforma de los sistemas de representación, puesto que mantuvo casi intacto el sistema electoral y prohibió que la ley regulara la estructura interna de los partidos. En este aspecto cabe señalar el fracaso de la propuesta de reforma política intentada a finales del año pasado t que ilustra nuevamente la crisis de los partidos y el espejismo de una autoreforma a través del propio congreso. La reorganización territorial también quedó trunca por cuanto sólo estableció unos lineamientos b sicos que deberían ser desarrollados por una ley org nica, pero diez años después esa legislación no ha sido expedida; el debate sobre la forma de gobierno también

fue limitado, en ningún momento se buscó superar el presidencialismo, avanzando hacia formas semipresidenciales o parlamentarias, a pesar de los resultados desastrosos del régimen presidencial en nuestra historia. Estos errores y ausencias han tenido efectos negativos que limitan el desarrollo democr tico

del país.

4.La democracia participativa se constituyó en el eje central sobre el cual sería posible construir la democracia, acabar con la exclusión social y política, y aún con la guerra. En la Carta Política se intentó una integración y cierta complementariedad entre la democracia participativa y la representativa, y se combinó el viejo modelo partidista, presidencialista, parlamentario y electivo con mecanismos de democracia directa, local y participativa como: la iniciativa popular legislativa, la revocatoria del mandato, las consultas populares, el plebiscito, el referendum, el cabildo abierto, la participación en la planeación y el control de las políticas públicas. Sin embargo, las promesas de esta combinación quedan atrapadas en dos din micas:

4.1. De una parte, el principal obst culo f ctico para la consolidación de estos mecanismos, es la abstención electoral1, fenómeno que no es f cil de derrotar sino en la medida en que la sociedad conozca y se apropie de ellos, para lo cual se requiere no solamente campañas permanentes de difusión y estrategias educativas eficientes, sino también que los resultados de su utilización sean estimulantes para la ciudadanía. Los resultados lo ilustran: el mecanismo m s utilizado ha sido el referendo, pero con éxito solamente para casos de creación de municipios. La iniciativa popular y el referendo constitucional son mecanismos de difícil utilización como consecuencia del tr mite demasiado complicado. En general, los índices m s altos de utilización se presentan a nivel municipal, pero sin los resultados esperados. Aunque el cabildo abierto puede presentar mejores niveles de participación por tratarse precisamente del nivel local, la falta de un seguimiento estadístico no permite conocer datos2.

Otros obst culos pr cticos, son los altos costos y la falta de recursos para realizar estos procesos, como también la falta de colaboración y en ocasiones la obstrucción de las autoridades que conforman la organización electoral, observada en la exigencia de requisitos formales en los procesos de recolección de firmas, que sacrifican el derecho sustancial. Es posible afirmar que esta complejidad legal, puede ser una estrategia de eficacia simbólica, que adem s de marginalizar, puede constituirse en un instrumento de dominación política, que favorece a quienes tienen m s recursos económicos o mayor acceso a la información, de manera que no se dirige a propiciar realmente la participación, sino a proteger los intereses de la clase política dominante3.

En términos generales, puede afirmarse que la regulación constitucional y legal de estos mecanismos es demasiado exigente y compleja, marcada por un excesivo procedimentalismo, para una sociedad todavía apegada a los procesos de democracia representativa. La evidente inoperancia de los mecanismos de democracia participativa, puede traducirse en un desestímulo para los ciudadanos.

4.2. De otra parte, en la din mica del conflicto armado y m s aún si se trata de un conflicto tan fluido, cambiante y móvil como el colombiano. La din mica del conflicto ha venido colonizando la esfera de acción participativa4, convirtiéndola en otro campo de disputa de los actores armados: ’... Esto es lo que parece haber ocurrido con la participación en los diez años de vigencia constitucional; definitivamente la Carta de 1991 no fue un pacto de paz ni la participación y los desarrollos de la cultura política desmontaron la hostilidad, aunque actuara sobre sus causas; es m s, al parecer ocurrió lo contrario, los espacios participativos, las localidades descentralizadas, las movilizaciones colectivas, las organizaciones y los movimientos sociales han venido siendo colonizados por la guerra, convirtiendo la esfera de la acción participativa en otro campo de la disputa de los actores armados; bien para liquidar eventuales enemigos u opositores, bien para cooptarlos e incorpor

arlos a sus propósitos de dominio exclusivo y sus objetivos militares’.

Así, los principales obst culos que encuentra la democracia participativa adem s del conflicto armado y la violencia están el clientelismo y la corrupción. Sin embargo, no se ha indagado seriamente sobre sus mutuas relaciones y eventuales complementariedades, por el contrario, han sido planteadas en términos de antinomia en el sentido de que la participación se opone y supera al conflicto armado y que la democracia participativa sanea los vicios de la democracia representativa. Sería hora de replantear de nuevo el asunto de la participación, de repolitizar la democracia y de considerar las limitaciones propias de la democracia directa pero dejando atr s las antinomias y las sustituciones que han oscurecido el panorama en la última década.5

5.Colombia se enfrenta en este momento a un problema de militarización m s grave y difícil del que tenía en 1991. Aunque la militarización institucionalizada se neutralizó hasta cierto punto con la CP, la polarización que vive el país como consecuencia del conflicto armado y la ausencia de resultados de di log; os de paz dan lugar a intentos de desarrollar un Estado profundamente militarizado como lo demuestra la iniciativa legislativa de defensa y seguridad nacional presentada por el gobierno y declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Esta propuesta fue ambientada bajo el argumento de que se necesita una legislación de guerra para superar las limitaciones de la fuerza pública en el cumplimiento de su función de brindar seguridad a la población. Pero estaba basada en un diagnóstico equivocado de las causas de inseguridad que m s afectan a la sociedad colombiana, y en un tratamiento igualmente equivocado de los métodos para enfrentarlas. Paradójicamente, term

inaría

debilitando al Estado, en vez de fortalecerlo.

6.La utilización de los espacios de autonomía, en particular por parte de las comunidades indígenas, reconocidos por la constitución para conquistar nuevos derechos plantea diferentes aspectos esenciales para la participación política y la construcción de democracia. Así, el acceso a la tierra como derecho, la tierra como argumento central del derecho a la autonomía y al respeto a la identidad expresa la relación entre lo público y lo privado (que involucra la concepción de desarrollo) y entre nación y regiones, dos aspectos ausentes en la CP pero que los procesos de participativos y las ciudadanías realmente existentes han venido desarrollando a partir de aprendizajes históricos y sociales que ya poseían. Sin embargo, aunque una mirada m s abarcante de los movimientos sociales y políticos lleva a reconocer los esfuerzos de los actores sociales por encontrar respuestas organizativas a las actuales realidades económicas y políticas, formas que permitan la acumulación de fuer

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esaria para que las reivindicaciones sociales de los sectores populares incidan en las definiciones de la política estatal, lleva a plantearse los siguientes planteamientos: ,Cu l es la forma que deben tomar las organizaciones sociales del campo de lo popular? ,Cómo hacer frente, desde las organizaciones sociales populares a las demandas de organización y movilización y acción política frente al descuadernamiento de los partidos y de las organizaciones políticas? Los propios movimientos sociales se han pronunciado al respecto: ’...Hay necesidad de trascender hacia una alternativa política que no se quede en lo electoral; hay que incidir en las problem ticas globales del país y promover cambios estructurales, Carecemos de una visión global de la s problem ticas, hay que salir de la particularidad y la defensa puntual de nuestros intereses y armonizar las diferencias. Hay una gran debilidad del movimiento social en su metodología de acción y formación y en su actitud de desco

nfianza que promueve la fragmentación y la atomización de las organizaciones y la falta de impacto e incidencia. Tenemos que partir del reconocimiento de los acumulados del movimiento social, de su proceso de sobrevivencia y resistencia, de sus procesos de concertación’.6