Propuestas para construir una verdadera participación social en la gestion pública municipal y el ejercicio del poder local -1-

Desde los procesos sociales, civiles, ciudadanos y municipalistas.

Colocar el municipalismo en la agenda nacional desde su voz y propuesta propia. Esto implica fortalecer la presencia de los gobiernos locales y la ciudadanía en el debate actual sobre la Reforma del Estado.

Luchar por un federalismo incluyente y democrático, donde el municipio, su gobierno local y su ciudadanía sean parte integrante del pacto federal y de la nación, fortaleciendo así la soberanía del pueblo. Un federalismo que no se quede meramente en fiscal, y mucho menos en hacendario, que pretende, en lugar de distribuir la riqueza nacional, generar nuevos impuestos, ahora desde lo local, a los habitantes de este país, de por sí ya tan mermados económicamente y sin respuestas a sus necesidades básicas. En este sentido se propone, además de una distribución mayor de participaciones a estados y municipios, un reordenamiento de las cargas impositivas entre los tres ámbitos de gobierno. Requerimos un federalismo que fortalezca los diversos espacios de gobierno (incluidos el comunitario y el regional, demanda clara de los pueblos indios) y la ciudadanía y soberanía de nuestro pueblo.

Impulsar una verdadera descentralización entendida no como elemento funcional al modelo neoliberal, que sólo desconcentra funciones y privatiza responsabilidades, como estrategia de dispersión de conflictos; descentralización que más bien, privatiza y, por tanto, cancela el espacio público, único espacio donde puede ser ejercida la participación social y una práctica de deliberación y consenso de los diversos actores con sus identidades, intereses y propuestas propias.

Fortalecer una descentralización concebida como una forma de democratización del estado, del gobierno y de la propia sociedad, del conjunto de relaciones económicas, políticas, sociales y culturales de la vida humana y social; como una ruptura de la privatización que se ha ejercido del Estado y de lo público, que es derecho y patrimonio de todo el pueblo, y no sólo de unos cuantos. Una descentralización que fomente un principio descentralista, instrumentando la capacidad política, económica, financiera y administrativa de los municipios (población, territorio y gobierno), para responder por sí mismos a sus propias necesidades. Una descentralización entendida como un proceso de dos vías donde el que descentraliza debe, necesaria e indiscutiblemente, capacitar y apoyar al que se le descentraliza, y éste debe asumir y ser capaz de responder a los retos de su comunidad con este apoyo y capacitación; esto es necesario tanto desde los gobiernos federal y estatal hacia el municipal, como desde el gobierno municipal hacia la comunidad y organizaciones locales. Proceso de ida y vuelta desde la base social hasta el gobierno nacional.

Esto requiere de un nuevo marco de relaciones entre ámbitos de gobierno y entre gobierno y sociedad que, a la vez, requiere de una reestructuración del propio gobierno municipal, con una división de poderes a lo interno que dote de capacidad legislativa al municipio, con una representatividad más plural en su conformación y con mayores atribuciones y recursos.

Este nuevo marco no sólo debe darse a nivel jurídico, sino principalmente en un cambio de actitudes y una nueva práctica social y política más democrática, plural e incluyente, que incorpore la verdadera participación de la ciudadanía y los diversos actores económicos, sociales y políticos, en el conocimiento, análisis, formulación de propuestas, toma de decisiones. ejecución y control de las acciones públicas. También se requieren establecer diferentes formas de gobierno y coordinación de éstos, en correspondencia con el tipo de municipio y su ámbito de relaciones (metropolitanos, regionales, conurbados y binacionales) y un impulso a la coordinación y asociación de los propios municipios.

Rescatar e impulsar la planificación como un instrumento para sostener el desarrollo a largo plazo y como elemento articulador del poder local sobre su territorio y su futuro. Aquí el municipio juega un papel fundamental en la integración de lo rural y lo urbano, del campo y la ciudad, como quehacer público y en el establecimiento de canales entre el habitante, su medio y sus necesidades, para superar la sectorización de la vida pública, la falta de relación entre las políticas urbanas, financieras y fiscales y la desvinculación de la vida comunitaria con la política real, así como facilitando la reestructuración de las políticas sociales desde lo local. La participación social, entendida no como consulta o aporte de mano de obra barata, sino como elemento central de un programa democrático de gobierno que la construya como una práctica cotidiana de toma de decisiones colectivas respecto a lo público; como involucramiento en el diseño, gestión y control de las políticas públicas de la propia sociedad; como generación y respeto de nuevas formas de participación, control y gestión: asambleas populares, consejos democráticos, cabildos abiertos permanentes, organismos mixtos, patronatos, procesos de educación ciudadana, de educación ambiental, etc. Igualmente, es importante considerar las prácticas del referéndum y el plebiscito como mecanismos democráticos de participación y decisión municipales. El claro objetivo de otorgar poder real de decisión a la población para proponer, acompañar, vigilar y controlar las acciones del gobierno y, más ampliamente, del Estado, impidiendo la privatización del ámbito público y su manejo bajo prácticas clientelistas, paternalistas, populistas y autoritarias.

Por lo mismo, se ve necesario instituir canales y espacios para que la comunidad se exprese no de manera auxiliar o consultiva, sino con órganos propios, permanentes y autónomos de toma de decisiones. Con el propósito de garantizar la transparencia y eficiencia de la administración pública, es necesario generar y asumir plena y cotidianamente una práctica nueva, la contraloría social o comunitaria desde instancias ciudadanas, y transformar el gobierno y la administración municipal en un espacio real de representación de los diversos intereses de la sociedad local, creando nuevas reglas de convivencia política y social.

La participación social es, entonces, condición fundamental e indispensable la recuperación y reconstitución de la esfera de lo público para poder ejercer ahí las prácticas participativas y de control social sobre el Estado y el gobierno y una nueva relación Estado-gobierno-sociedad.Lograr un cambio en la relación entre lo público y lo privado, rescatando hacia la esfera de lo público, el control privado que han ejercido ciertos sectores sobre el Estado y el gobierno; estamos planteando hacer verdaderamente público el ejercicio del poder y del gobierno; pasar de mantener estructuras públicas estatales a construir colectivamente estructuras públicas controladas por la sociedad civil organizada.