La ley norteamericana de las telecomunicaciones de 1996

El primero de febrero, el presidente Clinton firmó la Ley de las Telecomunicaciones de 1996. La ley fue aprobada por mayoría abrumadora con el apoyo bipartidista tanto de la Cámara como del Senado. Según sus defensores, esta ley es el resultado de largos años de estudio y pondrá fin a las regulaciones, abrirá mercados, introducirá la competencia y los precios más bajos, aumentará las posibilidades, estimulará el crecimiento económico y creará una gran cantidad de empleos mejor pagados. O sea, la Ley de las Telecomunicaciones permitirá entrar en la revolución digital y nos llevará a través de las supervías de la información hasta lugares remotos. Estas pretenciones son una mezcla de verdades a medias y de totales mentiras. La Ley de las Telecomunicaciones de 1996 es una de las más corrompidas piezas de la historia de la legislación en Estados Unidos, que llegará a tener consecuencias terribles para nosotros durante muchísimo tiempo.

La mayor de todas las mentiras consiste en decir que esta ley creará mercados competitivos. Es cierto que la ley elimina las regulaciones del servicio telefónico y del cable que permiten a estas firmas competir en los mercados mutuamente. Esta también desatará la mayor parte de las regulaciones con respecto a las trasmisiones de radio. Como resultado de la nueva ley, la mayor parte de las grandes firmas de la comunicación crecerán mucho más y obtendrán muchas más ganancias. Vamos a ver más fusiones entre empresas que se encargan de las telecomunicaciones, de los medios masivos de comunicación y de la computación. La primera prueba de lo que esto significa proviene de la ola de fusiones que ocurrieron durante 1995, encabezada por el acuerdo comercial Disney/Capital Cities. Las firmas que no participan, difícilmente quedan fuera de los negocios; simplemente se convierten en socios menores en la próxima vuelta de fusiones y adquisiciones. Nadie sale perdiendo. Claro, en medio de una revolución tecnológica, pocas de las nuevas firmas llegarán a ser gigantes con la promoción de nuevos productos y servicios; algunas otras que ya están en marcha harán inmensas fortunas; pero esto ocurrirá casi siempre gracias al estableciento de un nicho y después con la venta total a una de las seis o doce megacorporaciones que pronto llegarán a dominar la comunicación mundial.

Ahora bien, ¿qué hay con el público?, ¿la gente no deseaba dicha ley? Difícilmente. Este proyecto de ley fue preparado casi en medio de un secreto total. Fue realizado por los grandes negocios para grandes negocios. Lo único que les interesaba debatir era si las empresas de cable, o la Baby Bells, o las empresas de trasportes de larga distancia alcanzarían las mejores oportunidades en la versión final de la ley. Lanzaron algunas pocas migajas a grupos de "interes especial" tales como escuelas y hospitales, pero sólo cuando éstos no interferían el espíritu de la ley en favor de los negocios. Pero, ¿no es justo permitirle al sector privado hacer ganancias con las comunicaciones?; después de todo, ¿no son ellos los únicos que corren todos los riesgos y que pagan las cuentas? Difícilmente. La mayoría de las nuevas tecnologías de la comunicación (los satélites, la Internet, etc.)salen directamente de los contribuyentes. En realidad, es el pueblo quien ha subsidiado la creación de la mayor parte de la revolución en las comunicaciones, aunque las ganancias han ido e irán a parar al sector privado. Se trata de un robo, simple y puro.

La alternativa para crear un nuevo régimen de comunicación hubiera consistido en mantener bien informado al público a través del país y en encargar estudios a personas fuera de la influencia y fuera de las nóminas de las descomunales firmas de la comunicación. Una vez que esta audiencia hubiera expresado cuáles son los propósitos públicos que la sociedad tiene para la comunicación en la era digital, entonces se podrían haber redactado diferentes leyes alternativas y se podrían haber preparado sistemas de comunicación como los mejores resultados de aquellos propósitos. El Congreso y el pueblo hubieran debatido las alternativas y entonces el Congreso hubiera votado acerca del asunto. Este enfoque se llama democracia. Esto no tiene nada que ver con la parodia asociada a la Ley de la Telecomunicación de 1996.