Las Organizaciones Campesinas e Indígenas ante la Problemática Ambiental del Desarrollo

1991 fue un año particular para la discusión sobre la problemática ambiental del desarrollo. Hubo por lo menos seis eventos de convocatoria nacional, lo cual muestra el interés de la sociedad civil en participar en el análisis de los aspectos ecológicos de sus regiones, pero más que nada en la búsqueda de soluciones viables para un desarrollo más justo y equilibrado de la sociedad y sus recursos naturales.

Más allá de la reunión internacional convocada por la ONU y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)en Río de Janeiro, Brasil, a mediados de este año, el sector social rural quiere participar en el impulso del desarrollo equilibrado que requiere México.

Permeados por este contexto, el PAIR-UNAM, la Universidad Autónoma de Chapingo, Servicios Alternativos para la Educación y el Desarrollo (SAED, AC), el Instituto Nacional Indigenista, el Programa PASOS y la UNORCA convocaron a un foro nacional con la idea central de que fueran las propias organizaciones campesinas las que expresaran su opinión en torno a la problemática ambiental del desarrollo de sus regiones, así como para crear un espacio de reflexión amplia sobre la relación entre el tipo de desarrollo tecnológico seguido en el medio rural y las consecuencias ecológicas que conlleva.

El evento se realizó en la ciudad de Morelia, Michoacán, del 5 al 7 de diciembre de 1991. Dio inicio con una baja participación de representaciones campesinas y un número considerable de técnicos-investigadores ligados a experiencias regionales. No obstante, durante el primer día fueron llegando representantes campesinos indígenas de regiones distantes, como de la zona Maya, Huicholes de Nayarit, Nahuas de Veracruz y del Valle de Mezquital en Hidalgo, compañeros de Sonora, etcétera. En la tarde de ese mismo día se contó con la presencia de la mayoría de las organizaciones invitadas.

El evento estuvo cruzado por la discusión nacional en torno a las modificaciones del Artículo 27 Constitucional. Un campesino de Jalisco narró lo que para su comunidad representaría la desaparición del ejido; asimismo indígenas de Michoacán leyeron la "Declaración de la Nación Purépecha" oponiéndose tajantemente a las modificaciones del 27 Constitucional.

Efectivamente, en las conclusiones del foro hubo consenso en el rechazo al estilo y contenido de la reforma. Se argumentaba que la asociación con inversionistas privados y la precaria situación de la mayor parte de los ejidos y comunidades del país pondría en desventaja a los campesinos frente al gran capital, y como consecuencia se preveía la parcelización y privatización de las tierras del sector social. Pero al mismo tiempo, conscientes de la inevitable aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados, se hicieron propuestas concretas para las leyes reglamentarias.

Dar la palabra a los indígenas y campesinos en un foro nacional no fue fácil, menos por referirse al análisis del impacto ecológico nacional, regional y local. El espacio físico impuso, los ecologistas intelectuales tuvieron dificultades para quedarse callados, pero las plenarias, las mesas de trabajo, los intercambios de pasillo y los períodos de comida fueron importantes momentos para la retroalimentación entre campesinos e indígenas y también para el intercambio entre investigadores, técnicos e integrantes de las organizaciones campesinas. Las noches sirvieron para la tertulia y las visitas al curandero en el cuarto 317.

Al final el resultado fue alentador. Casi 30 organizaciones campesinas, cerca de 130 representantes de las distintas regiones ecológicas del país, 14 estados representados. Se llegaron a las siguientes conclusiones:

* Exigir e impulsar la permanencia de la integridad comunitaria ejidal para el manejo de los recursos naturales en sus territorios y para decidir sus formas de organización social.

* Exigir el reconocimiento a la propiedad territorial de las comunidades y ejidos campesinos.

* Exigir el apoyo gubernamental a los programas de manejo y uso diversificado y sustentable de los recursos.

Asimismo se elaboraron diez puntos de acuerdo sintetizados en la validez social, ecológica y económica del sector social rural; la necesidad urgente de modificar las políticas sectoriales a fin de promover un manejo integral y sustentable de los recursos, así como impulsar el respeto a la autonomía de comunidades y organizaciones en la planeación e instrumentación de sus proyectos de desarrollo. Finalmente el foro se manifestó por impulsar desde las regiones y a través de las organizaciones la presencia en la opinión pública nacional para pugnar por la búsqueda de soluciones regionales para un desarrollo justo y equilibrado del sector social rural en México.