Propuestas de políticas públicas para avanzar hacia una agricultura sustentable

El papel del Estado no debe ser de tutelaje ni de abandono. Debe ser activo y responsable, fijando límites al modelo neoliberal. El Estado debería tener una política agropecuaria con las siguientes características:

* Una política agropecuaria int egral que contemple no sólo los aspectos de la producción sino también los ambientales, sociales, y culturales.

* Una política participativa, que abra espacios y fomente la participación REAL de los diferentes sectores sociales en la discusión y planeación a nivel nacional, regional y local.

* Una política diferenciada hacia los distintos productores y productos agrícolas y sus finalidades (seguridad alimentaria / exportación).

* Una política de financiamiento que fomente un ambiente favorable económico y político a la agricultura campesina y permita crear bases mínimas de capitalización.

* Una política que priorice la seguridad alimentaria, el mercado interno y los mercados regionales y locales. Que en el comercio internacional se exijan fondos compensatorios en reconocimiento a las asimetrías. Que se exija el pago de los costos reales de los productos.

* Una política de educación y transferencia de tecnología que tome en cuenta las características de cada región, así como el conocimiento local campesino.

* Una política que estimule la integración de las regiones y permita una participación democrática regional; la elaboración de planes regionales de desarrollo que tomen en cuenta a productores y consumidores; la constitución de comisiones de ordenamiento territorial como instancias de planeación regional; etc.

En cuanto a la legislación se requiere:

* Una ley de organismos de financiamiento rural que garantice un marco de desarrollo para los organismos financieros de base

* Una legislación que regule el uso de agroquímicos y prohiba la entrada de productos desechados en E.U. y Canadá.

* Una ley para asegurar los derechos alimentarios de toda la población.

* Asentar en la legislación el derecho a un ambiente sano tanto en el campo como en la ciudad.

* Que se den a conocer los mapas de ordenamiento territorial a la población antes de que sean normativos.

* Que queden claros los mecanismos legales para hacer respetar y conservar los territorios campesinos e indígenas.

Por otro lado, el Gobierno debería cumplir los acuerdos de Río de Janeiro. En particular: Tener en los próximos cinco años inventarios detallados de degradación de suelos y realizar programas amplios de recuperación y restauración. Aplicar programas para conservar el germoplasma vegetal y animal. Ejercer control sobre la distribución de plaguicidas y difundir entre los productores técnicas de control integrado de plagas. Desarrollar en los próximos años métodos concretos para reducir el uso de fertilizantes químicos.