Diálogo político y canalización de los fondos públicos

En la ciudad de Córdoba, en el centro de la Argentina, ciertos sectores sociales pobres, que sufren particularmente la exclusión generada por los planes de ajuste económico, han logrado manifestarse y tratar con el gobierno a través de una estructura de concertación.

Si en otras provincias argentinas muy afectadas por la pobreza, la sordera de las autoridades llevó a casos dramáticos de enfrentamiento (quema de la Casa de Gobierno de Santiago del Estero), el ingreso a la escena pública de "quienes no se resignan a quedar afuera" pudo producirse en Córdoba sin explosiones y con rasgos originales.

Tal es el caso de la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales (UOBDS), aceptada como representante legítima por los sectores populares : 12.000 familias y 82 organizaciones de villas y barrios carenciados, 4 grandes coordinaciones. Sus estrategias se inspiran sobre todo en el logro de resultados concretos para las comunidades, sin despolitizarse, ya que las "necesidades de la gente" se formulan como derechos sociales de los ciudadanos. El movimiento no pertenece a ningún partido político. Hasta 1992, las cuatro coordinaciones gestionaron demandas cada una por separado, lo que no permitía modificar las relaciones de asistencialismo y la política de subsidio en curso. Las bases para hacer posible la institucionalización de un espacio de discusión están en el previo acercamiento entre varias ONG y organizaciones populares.

La estructura que ha permitido un diálogo permanente entre las autoridades gubernamentales y los movimientos sociales se denomina "Mesa de Concertación de Políticas Sociales". Participan en este espacio la UOBDS, con el apoyo técnico y el acompañamiento de cuatro organizaciones no gubernamentales: Taller Carlos Mujica (radio comunitaria), Serviproh, Sehas (Servicio Habitat Social)y Cecopal (Centro de Comunicación popular y de asesoría legal), el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba y funcionarios de la Municipalidad de la capital del mismo nombre. Comenzó a funcionar en setiembre de 1992, y continuaba haciéndolo en la fecha de la redacción de la ficha, a principios de 1995.

En la Mesa de Concertación se ensaya un nuevo modo de concebir las políticas sociales por parte del Gobierno, de relacionarse con el poder por parte de las organizaciones de base, y de imprimir una dimensión más amplia al trabajo de las ONG, implicándose en una triple articulación: entre sí, con los movimientos de base y con el Estado. El Gobierno provincial ensaya por este medio una nueva política (aunque con imperfecciones), apelando a las organizaciones de base y a las ONG para canalizar recursos previstos para la acción social. Esto, aún cuando el gobierno coincida en buena medida con la política de ajuste estructural implementada por el gobierno nacional.

La actitud de la UOBDS consiste en combinar la acción conjunta con y al interior del Estado, y la autonomía de las organizaciones de base. Y si bien es necesario obtener respuestas para las comunidades, el trabajo del movimiento social no exime al Estado de sus responsabilidades.

Si en los años 70 la palabra "negociación" servía para estigmatizar dirigentes demasiado cercanos con el Gobierno y, en esa cultura de confrontación, negociar rimaba con traicionar, los años 90 han aportado un sentido diferente a esta idea. Así, los movimientos populares dan mandato a sus dirigentes para negociar, y les trazan los límites que no deberán transpasar. La movilización y el reclamo tienen que combinarse, según los dirigentes de la UOBDS, con la propuesta de implementación política.

Sin embargo, según responsables de dos de las ONG, una de las dificultades consistió en negociar temas relacionados con legislaciones y modificaciones más sustanciales. En cuanto al presupuesto, los organismos administran los fondos que se les ha asignado, pero sin debate previo sobre las necesidades de los grupos. Se preferiría implementar un mecanismo diferente para la asignación de recursos. Otro problema es que no se financia el tiempo que los dirigentes implican en estos proyectos.

Este tipo de negociación institucionalizada ¿sirve o no para incidir en el diseño de las políticas sociales? ¿Ayuda realmente a gastar de una manera más racional el presupuesto disponible? ¿Hay que responder al llamado del gobierno? El grupo no ha tenido todavía ocasión de capitalizar esta experiencia.

A pesar de las dificultades, se han logrado ciertas incidencias en la política social cordobesa. Se pasó del subsidio individual a una práctica no clientelista con mediación de organizaciones representativas que deciden el destino de los fondos obtenidos. También se constata que la acción de la Unión permitió la triplicación de las partidas presupuestarias destinadas a las comunidades.