EL CONTEXTO
En la década de los ochenta, la lucha por el espacio urbano causó en Sao Paulo y en otras ciudades brasileñas gran violencia y otros desórdenes sociales. Cerca de 300 000 personas migran cada año a la ciudad de Sao Paulo desde las áreas rurales para encontrar perspectivas de sobrevivencia
En Sao Paulo, los conflictos por la tenencia de la tierra surgieron entre propietarios privados y los ocupantes ilegales. Los propietarios tenían el apoyo de la ley y los poderes públicos y reprimieron violentamente las tomas de tierra. La violencia causó incluso pérdidas de vidas y ha quedado impune.
Los propietarios conocen mejor el aparato jurídico que los ocupantes ilegales. En esta situación desigual los propietarios casi siempre salen victoriosos del conflicto. Como los pobladores desconocen sus derechos, los desalojos están ligados a la discriminación social y violencia policiaca
Se presentan a continuación seis casos de ocupación ilegal de tierras urbanas en Sao Paulo. Cinco de estos terminaron en un desalojo violento. Sólo uno de los grupos organizados logró negociar con el propietario y comprar legalmente el predio
LOS CASOS DE DESALOJO EN SAO PAULO
1- CALLE YOSHIMARA MINAMOTO (Jardim fim de semana)
Un grupo de cien familias sin techo ocupó un terreno privado de 2,500 m2 a principios de febrero de 1990 en la zona sur de Sao Paulo y construyeron allí viviendas de bloque de concreto sobre cimientos
Los dueños de los lotes invadidos demandaron a los invasores para recuperar la propiedad. El poder jurídico de Sao Paulo emitió una orden de desalojo en agosto de 1990
La Asociación de Defensa de la Vivienda (Associaçao em Defensa da Moradia, ADM)negoció varios meses con los propietarios. A pesar de esta intervención las familias fueron desalojadas a mediados de diciembre de 1990. Desde entonces el terreno quedó baldío y sujeto sólo a la especulación
2- PARQUE ARIRABA
Este terreno, propiedad de una empresa privada, fue ocupado a mediados de julio de 1990 por 42 familias que levantaron allí en pocas horas sus viviendas de madera. Entre los invasores había dos maestras de primaria que decían no tener recursos económicos para pagar renta
El propietario, intervino así inmeditamente y amenazó a los pobladores y disparó con una arma. Pocos días después, demandó formalmente a los pobladores. Al cabo de dos días, un juez resolvió el caso en favor del dueño, y una semana después, las familias fueron desalojadas.
Este caso demuestra que la desigualdad económica juega un papel importante en el suministro de la justicia. A 18 meses del desalojo, el terreno aún está baldio
3- PARAISOPOLIS
En 1988, 80 familias sin techo ocuparon en Sao Paulo un predio de 1000 m2, uno de los más caros de la ciudad y empezaron a construir su favela. El propietario del terreno, una inmobiliaria (DLW), entabló un juicio. El proceso duró un año y desembocó en el desalojo que fue realizado en abril de 1990 por un pelotón de sesenta granaderos con cuatro bulldozers contratados por la inmobiliaria. No hubo incidentes con la policía, pero los pobladores insisten en no haber sido previamente avisados. Según el juez, los pobladores tuvieron un plazo de treinta días a partir de enero de 1990 para desocupar el lugar
4- FEPASA
En 1990, 20 familias sin techo ocuparon un predio que pertenecia a FEPASA Ferroria Paulista, S.A., propiedad del Gobierno del Estado de Sao Paulo
En su demanda, la empresa alegó que habìa tratado de negociar en varias ocasiones con los ocupantes y que el predio invadido estaba próximo a la linea de ferrocarril. Pero estas alegaciones resultaron falsas. A pesar de que FEPASA había desocupado varios predios para construir vías, las obras no fueron llevadas a cabo. El juicio de desalojo fue realizado sin consultar a los pobladores. De la demanda en enero de 1991 al juicio transcurrieron sólo seis meses. El desalojo fue llevado a cabo en marzo de 1991 sin violencia física puesto que un abogado de la ADM estuvo presente. Sin embargo, la fuerza pública no sólo se limitó a desalojar las personas sino destruyó las casas de bloque de concreto
Al contrario de lo que había argumentado la empresa para justificar el desalojo, el predio quedó sin uso.
5- JARDIM CAMPINAS (Santo Amaro)
En noviembre de 1989, unas 200 familias invadieron el predio Jardim Campinas donde el propietario había comenzado la construcción de 287 casas. La Prefectura había clausurado la obra por considerar que ésta violaba la ley estatal de protección de fuentes naturales de agua
El propietario reclamó, pero mientras el litigio estaba pendiente, el número de invasores creció. En 1991, cerca de 700 familias vivían en el terreno; terminaron las casas existentes y construyeron 386 viviendas adicionales
El juez accedió a retirar la orden de clausura de la obra y dió un plazo de 15 días para que los pobladores desocuparan el lugar. Ellos trataron de negociar con el propietario pero este se negó a dialogar con los ocupantes y exigió la intervención de la Prefectura. Los pobladores organizados en el "Movimiento Unificado Moradias" propusieron a la Prefectura varias opciones: estarán dispuestos a vivir en otro terreno; la Prefectura podía decretar que el predio de Jardim Campinas es de interés social; el propietario les podía vender el terreno
En 1991, el orden de desalojo fue suspendido gracias a las negociaciones, sin embargo, es muy improbable que las negociaciones desemboquen en un acuerdo con el propietario
6- JARDIM MIRNA
El predio perteneciente a particulares, fue ocupado por 26 familias pertenecientes al Movimiento de los Sin Tierra (Movimento dos Sem Terra)el 5 de octubre de 1987
Sin consultar a las familias, el juez restituyó el predio sólo once días después de la demanda hecha por los propietarios en Julio de 1988. Pero esta decisión fue modificada después de varios meses por el Poder Ejecutivo Municipal. Los pobladores lograron comprar el predio donde viven gracias a negociaciones entre el abogado de los propietarios y un abogado de la ADM. El conflicto fue resuelto en buenos términos, pues ambas partes llegaron a un acuerdo.
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, Brazil, São Paulo
En la mayoría de los casos, ninguna solución alternativa fue propuesta ni por los representantes de la ley, ni por la Municipalidad. Como se trató de invasiones de terrenos privados la solución a los conflictos no estaba al alcance de la Municipalidad: los conflictos quedaron siempre a nivel del derecho civil sin posibilidades de negociación con autoridades municipales.
Report
POLIS, HIC / POLIS, 1991/06 (BRASIL)
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