La deteriorada situación de los Derechos Humanos en México

Vidulfo lleva 8 años trabajando por los derechos de los Pueblos de Montaña, en la organización Tlachinollan; la organización esta ubicada en el estado de Guerrero; uno de los más pobres de México.

¿Cómo trabaja la ONG, porque tenéis una larga historia?

Es un Centro de Derechos Humanos. Se han construido diferentes áreas, la más grande es el área jurídica, que se encarga de dar acompañamiento, defensa jurídica y orientación a la población indígena del estado de Guerrero.

¿Cómo trabaja la ONG, si es ayuda y acompañamiento esto implica que se deben haber dado las violaciones para después actuar?

Efectivamente se trabaja en 2 grandes direcciones:

1-Orientación jurídica de problemas legales ya que el acceso a la justicia es uno de los graves problemas en la región de la montaña. Entonces se da un apoyo a la población Indígena, asesorándola legalmente, acompañándola a realizar diferentes instancias jurídicas.

2-Defensa jurídica cuando se dan las violaciones de derechos humanos; defendemos casos pequeños, pero también la defensa integral, la defensa de casos pequeños no resolverá la problemática de estas comunidades, seguirán existiendo las causas que originan esta problemática y no trascenderá más allá de la comunidad; lo que buscamos con la defensa integral, es que los casos en los que trabajamos, ejemplifiquen toda una problemática, que ilustre las causas estructurales de esta problemática, y si hay una posible solución de ese caso, pueda devenir en políticas públicas generalizadas para el estado o la región de montaña. Tenemos el objetivo de posicionar 1 o 2 casos grandes, paradigmáticos.

¿Qué tipos de casos trabajáis? ¿Hay algún perfil “tipo” de las problemáticas que afectan a las comunidades?

De todos los casos que hemos trabajo, hemos construido varios temas, por ejemplo: tierra y territorio, militarización, pueblos indígenas, derechos económicos, sociales y culturales, migración, derechos civiles y políticos

Este año estamos trabajando el tema de tierra y territorio, el caso es una presa hidroeléctrica que se va a construir entre la Costa Chica y la región de Acapulco “La Parota”, se trata de un megaproyecto.

Supongo que afectará terrenos….

Efectivamente se afectarán terrenos de población indígena, la represa tendrá una altura de 192 m y se van a inundar 17 mil ha, con la subsiguiente pérdida de diversas especies forestales, animales y vegetales; la afectación de manera indirecta de 75 mil personas y 25 mil afectados de manera directa. En estos pueblos hay una gran resistencia a este proyecto, porque en la experiencia de otros proyectos de este tipo se ve que no benefician a la población más bien lo contrario, ya que han implicado desalojo forzoso, violento, pueblos que dejaron de existir y la gente ha ido a engrosar los cinturones de miseria, perdiendo su modo de vida tradicional.

Estos proyectos se impulsan en el nombre del desarrollo sin tener en cuenta los costes sociales y no impulsan el desarrollo de los pueblos implicados, sino más bien para los organismos cooperantes que financian estas obras. Además, en el proceso se están violando una serie de derechos de los campesinos, no ha habido consulta, no se ha incluido la dotación de tierras a los afectados (reubicación); tampoco se ha tomado en cuenta su cultura y la tradición e historia de esos pueblos se echan al olvido. Se ha dado una gran resistencia y hemos conseguido articularnos con la población y 2 años después, con un trabajo jurídico impresionante se ha conseguido que los tribunales de México anulen el proceso de expropiación de las tierras y declaren la no viabilidad de la presa “La Parota” porque no están garantizados los derechos de los campesinos.

En ese sentido hacéis un trabajo más general que afecta el “Estado de derecho” mexicano, se avanza en un proceso de democratización…

Si, efectivamente, México ha firmado la mayoría de los tratados internacionales, donde se compromete a cumplir determinados derechos por ejemplo el “Convenio 169” de la Organización Internacional del Trabajo, donde se estipula el derecho a la consulta cuando haya obras y proyectos de desarrollo (como el de “La Parota”); o la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas recientemente aprobada y en la que México promovió la suscripción de este documento. Es paradójico que México no esté cumpliendo estos tratados.

¿Qué grado de organización tienen las comunidades?

Ellos se han logrado organizar, no se trata de un tipo de organización proactiva de tal manera que ellos puedan construir un proyecto de desarrollo alternativo. Pero si han conseguido organizarse para la resistencia, por ejemplo en el proyecto de “La Parota”, estamos hablando de unas 25 mil personas organizadas para rechazarlo. También es cierto que existe la manipulación, por parte del gobierno, de los sindicatos (Confederación Nacional de Campesinos) que a su vez han podido captar a algunos grupos de campesinos.

Hábleme más de las comunidades, ¿Cómo afecta el narcotráfico a las comunidades?

Hay una gran afectación, se trata de un fenómeno que vino de afuera; tal vez hubo gente externa que incentivó la producción de la amapola principalmente, pero ahora los pueblos siembran sin “presión externa” al tratarse de un cultivo lucrativo en comparación con los cultivos de otras plantas. Por la falta de inversión en el sector agrario y ante la falta de proyectos de desarrollo para las comunidades, los campesinos ven como una opción viable sembrar la amapola; a pesar de que el cultivo es totalmente criminalizado.

Esto implica un trabajo muy potente para cambiar esta dinámica, intentando hacer atractiva la producción de otro tipo de plantas.

Claro, como el maíz y otros productos, pero la lógica estatal no va orientada a incentivar el campo, se ha dejado el campo en el olvido, el TLC se ha centrado en otros rubros; por eso ahora México es importador de maíz.

¿Cómo ha afectado la “Guerra contra el Narcotráfico” a estas Comunidades?

Las políticas de control de la droga, actualmente han centrado su atención en el trasiego (transporte), además, las disputas entre cárteles están centradas en las ciudades; esto ha llevado al campo a un segundo plano, aunque no se ha detenido la política de erradicación y sigue siendo una de las metas del gobierno.

¿Cómo ha afectado la “Guerra contra el Narcotráfico” a vuestra ONG?

Es una situación muy difícil, por 2 razones, por un lado el discurso de los derechos humanos se desdibuja en todo este contexto nacional y se genera una dicotomía: o derechos humanos o seguridad pública. Nosotros creemos que la seguridad pública es parte de los derechos humanos, sin embargo imperan políticas de corte conservador y militarista, con la subsiguiente reducción de las garantías individuales; como podría ser la legalización del “arraigo” (prisión preventiva con fines de investigación), que es un claro ejemplo de la fragilidad en que se encuentran las garantías individuales pero hay más cosas…

La militarización…

Es un grave problema, el ejército es una institución creada para cuidar la integridad nacional en contra de una amenaza externa, sin embargo por las políticas de EE.UU. el ejército se ha visto orillado a combatir el crimen organizado y en este proceso se dan violaciones a los derechos humanos en las comunidades: detención de personas, violaciones, quema de cultivo, allanamiento de morada, daños en propiedad ajena.

Estos delitos quedan impunes, ya que los militares son juzgados por un tribunal militar y no uno civil. Desde que empezó esta política militarista en el combate al narcotráfico en 1979 no se ha condenado a un sólo militar por violaciones a los derechos humanos.

¿Entonces la situación ha ido a mucho peor?

Si, nosotros consideramos que el panorama de los DDHH va en retroceso, las organizaciones nos hemos visto orillados por este discurso de “mano dura”, por este discurso de la seguridad pública y el gobierno pretende dejarnos sin argumentos; hemos visto que la única forma de evidenciar estas violaciones, es justamente con la defensa de casos concretos, a partir de ahí llevarlo a esferas internacionales para que organismos internacionales puedan determinar resoluciones que obliguen al gobierno mexicano a cambiar su política. Hay casos que están ya en la Corte Interamericana, (2 casos de mujeres violadas y un desaparecido) son casos que ilustran completamente los efectos colaterales de esta guerra contra el narcotráfico. De estos casos esperamos definir una problemática general, integral y estructural de México respecto a esa materia y esperamos que esos casos puedan devenir en políticas públicas y en leyes más garantes.