Control cuidadano para que Chile honre sus compromisos

En un sistema en extremo presidencialista como el chileno, la omnipotencia del poder ejecutivo resulta, en la práctica, en la imposibilidad de una evaluación a la gestión por parte de los otros poderes o de la población misma. El voto es el único instrumento de evaluación y se aplica cada cuatro años en el caso de Chile.

Esta característica del sistema chileno evoca, necesariamente, a “la relación entre la sociedad civil y el Estado, entre los mandatarios y los mandados, el gobierno y los gobernados”, lo que hoy conocemos como gobernanza. Este concepto introduce un importante cambio conceptual para la comunidad dedicada al problema del desarrollo, al incorporar a la sociedad civil en la relación de gobierno y al reconsiderar el sitio que ocupa el poder en esta relación.

Surge entonces el concepto de credibilidad, tanto de los políticos como de las instituciones de gobierno que deben responsabilizarse y dar cuenta de sus actos ante la ciudadanía, por la transparencia, la receptividad, la verdadera participación, la construcción de poder en agrupaciones de la sociedad civil y la consulta pública.

Para una buena gobernanza hay al menos tres aspectos básicos: la responsabilidad política (procesos electorales que cuentan con credibilidad, y cargos gubernamentales se dan por períodos limitados de tiempo), la responsabilidad legal (un sistema judicial objetivo e íntegro, junto con organismos confiables encargados de la ejecución y cumplimiento de la ley y una administración judicial eficiente) y la responsabilidad burocrática (efectiva entrega de información por parte de los organismos y funcionarios públicos en sus relaciones con el público).

Para que un sistema pueda ser considerado responsabilizable burocráticamente es necesaria la transparencia en las operaciones, según la cual existe obligatoriedad de rendir cuentas públicas e informes de auditorías abiertos al escrutinio público. Resulta básico, en este punto, el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones a través de su relación con organismos no gubernamentales, como grupos de interés o como ciudadanos; una sociedad civil, a la cual se supone que estos organismos sirven, que tenga poder efectivo y que esté organizada, participando en el proceso de la elaboración e implementación de políticas abiertas y transparentes.

En este contexto es posible ubicar a La Corporación Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable (ACJR), ya que es una ONG que tiene por misión impulsar un proceso de desarrollo participativo y democrático.

Nace como respuesta a las problemáticas surgidas de los acuerdos comerciales y compromisos contraídos por los países en el marco de las exigencias de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Sus objetivos son: apoyar la generación de una ciudadanía que incida en las políticas y negociaciones comerciales internacionales, fomentar la articulación de la sociedad civil tanto a nivel nacional como regional; a fin de monitorear los procesos de negociación comercial, y colaborar al desarrollo de una agenda de integración regional. Todo esto basado en el comercio con justicia y el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales; y en donde puedan verse reflejadas las propuestas emanadas de la sociedad civil.

Para la consecución de sus objetivos la ACJR, se articula con otros actores sociales a fin de fortalecerse como movimiento ante las instancias oficiales, en este sentido, han creado el Foro Social de la Integración que reúne desde movimientos gremiales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Colegio de Profesores, hasta La Internacional de Servicios Públicos, LOM ediciones y Editores Independientes.

Una de las propuestas centrales de la ACJR es la generación de condiciones de exigibilidad, para lo cual la investigación de las temáticas y el fortalecimiento de sus competencias, los han llevado a convertirse en un interlocutor válido, aunque no con toda la incidencia que quisieran, ante las instancias oficiales.

La exigibilidad que se busca conjuga los tres tipos de responsabilidades (política, legal y burocrática), anteriormente mencionadas y que dan lugar a una buena gobernanza; y busca sustento en los acuerdos suscritos por el gobierno de Chile a nivel internacional, a fin de que éstos se cumplan, en el marco de un desarrollo con equidad y el respeto a los estándares laborales, sociales y ambientales.

Durante las negociaciones del TLC con EEUU trabajaron directamente con la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, DIRECON, planteando sus objeciones al tratamiento que se le daba a la propiedad intelectual. En este mismo sentido, han estrechado relaciones con el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), el Servicio Nacional de Consumidor (SERNAC) y organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Uno de los temas que mueve a esta Alianza es el del comercio de servicios, éste se refiere al comercio en áreas como la salud, educación, servicios sanitarios, pensiones o transporte. En virtud del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, más conocido como GATS por su sigla en inglés), cuyas negociaciones finalizaron en enero del 2005, los países miembros de la OMC deberán liberalizar progresivamente estos sectores, lo que implica la eliminación de cualquier medida gubernamental que favorezca a un proveedor nacional frente a uno extranjero.

Frente al GATS, la ACJR plantea la necesidad de excluir la educación de los criterios mercantiles, investigaciones del tema plantean que la inclusión de la educación en la lógica del mercado atenta contra el derecho a una educación de nivel, además, contradice convenciones internacionales, lo que obliga a la sociedad civil a exigir el cumplimiento de estos compromisos.

Así como la educación, la salud debe ser una de las áreas más sensibles dentro del comercio de servicios, es por ello, y en base a la exigibilidad que defienden, que demandan el respeto a los acuerdos alcanzados en la reunión ministerial de Doha, Qatar, el 2001, donde se ratificó el derecho que tienen los países a proteger la salud pública y promover el acceso universal y equitativo a los medicamentos esenciales. Esta Declaración reconoce la supremacía de la salud pública sobre cualquier interés comercial por lo que los medicamentos deben ser tratados de forma preferencial respecto a otros bienes. Recogiendo este mandato, la ACJR realiza campañas de información y se articula con otras organizaciones que defienden el uso de medicamentos genéricos por parte del Estado.

A nivel internacional, esta organización ciudadana pertenece a la Alianza Social Continental, un foro de organizaciones y movimientos sociales americanos, creado para intercambiar información, definir estrategias y promover acciones conjuntas en la búsqueda de un modelo de desarrollo alternativo y democrático. Así mismo, forma parte de Red Global, una alianza presente en los cinco continentes y que monitorea a la OMC en los temas de derechos laborales. Esto, además de contactos con organizaciones regionales a fin de estudiar temas específicos en las distintas realidades latinoamericanas, en este momento, realizan un estudio en conjunto con la Universidad Simón Bolivar de Ecuador y Serpaj (Servicio Paz y Justicia) Ecuador.

De la experiencia adquirida en el contacto con organizaciones extranjeras, la entrevistada afirma que, en contraste, la ciudadanía en Chile está menos articulada que en el resto de la región, a su juicio, esto se debe a que en el resto de Sudamérica el modelo económico ha traído muchos más costos sociales que en Chile (en donde puede decirse que ha “funcionado”), lo que obliga a una organización ciudadana en defensa de sus derechos y en protesta del sistema. Sin embargo, reconoce que, al ser Chile el segundo país en el mundo con más tratados de libre comercio y acuerdos de cooperación económica firmados, existe una experticia superior al resto de la región con respecto al tema.

Las dificultades más importantes que ha tenido que sortear la ACJR son: la inexistencia en la agenda de los medios de los temas ciudadanos, haciéndolos invisibles para el ciudadano común; la dificultad que significa la autoformación en temas tan polémicos e impopulares (parece existir un consenso respecto del modelo económico); la poca voluntad del gobierno para introducir cambios en sus políticas, a la vez que es reticente a las organizaciones sociales como interlocutores válidos; y la falta de financiamiento producto del énfasis independiente de esta alianza, lo que le impide recibir dinero de instancias oficiales.

Uno de los desafíos más relevantes que enfrenta esta organización es el de visibilizar los temas ciudadanos y poner en la discusión pública la recuperación del comercio de servicios como prerrogativa del Estado en beneficio de su población. Además, por supuesto, de aunar esfuerzos ciudadanos a favor de un control más eficiente de sus autoridades y las decisiones que éstas toman.