Por una internet sin censura y para todos

: Si entendemos que la soberanía de un país incluye entre otras cosas el proteger y promover la libertad de su gente, entonces, esa soberanía esta seriamente amenazada, a menos que adoptemos medidas para impedirlo. En otros tiempos se movilizó ejércitos y se sacrificó vidas para defender un pedazo de territorio, ahora no basta mover ejércitos porque lo que se nos está quitando es la libertad. Hoy la guerra por la soberanía es contra los que ejercen en Internet prácticas comerciales coercitivas de la libertad de información, de la libertad de opinar y de la libertad de elegir.

Parece ya un lugar común decir que Internet ha cambiado la forma en que nos comunicamos cotidianamente, no por ello deja de ser cierto, Internet permite expresar y difundir ideas y opiniones de manera inmediata y a muy bajo costo. Sin embargo, esta garantía corre riesgo y es que los derechos de propiedad intelectual surgen como una nueva arma mediante la cual las grandes empresas se protegen de cualquier posible uso de sus productos. Tanto los acuerdos comerciales como los tratados internacionales que Chile ha suscrito en el último tiempo le imponen una serie de obligaciones que buscan ampliar los ámbitos de aplicación de las normas sobre propiedad intelectual.

En el Tratado de Libre Comercio - TLC Chile-Estados Unidos, se acordó que cada país deberá establecer un sistema de notificación de infracciones a la propiedad intelectual que ocurran en Internet, lo que consiste, básicamente, en que si las compañías que permiten la conexión a Internet reciben, de un titular de derechos de propiedad intelectual, una notificación por supuestas infracciones que se cometan en sus redes o sistemas, deberá, para evitar ser considerado cómplice, retirar o eliminar dicho contenido sin necesidad de notificar previamente al usuario responsable de dicha información.

Lo que más preocupa entre los defensores de la libertad de expresión, es que este sistema no sólo puede ser utilizado para evitar el uso indiscriminado de su obra sino también a modo de acallar discursos contestatarios o críticos a ella.

Ante esta realidad surge Derechos Digitales, organización no gubernamental legalmente constituida en diciembre del 2004 en Santiago de Chile, fundamentalmente compuesta por abogados y cuyo propósito es fomentar el respeto de los derechos fundamentales en el entorno digital. El concepto básico es que en Internet, al igual que en el entorno real también están en juego los derechos de las personas, el derecho a expresión, la vida privada, el derecho de asociación, el derecho de información, etc.

Específicamente, esta organización no gubernamental trata de llamar la atención sobre temas como: softwares libres y tecnologías libres, propiedad intelectual en general y derecho de autor en particular, normativa sobre la protección de la vida privada, datos personales o privacidad en un entorno digital, libertad de expresión y gobierno electrónico; para lo cual trabajan haciendo lobby y estando presentes en las instancias legislativas, creando mecanismos de asociatividad en la sociedad civil para la defensa de sus derechos y como contraparte técnica en el parlamento prestando asesoría técnica a otras organizaciones, a fin de articular un discurso con contenido jurídico. En este sentido, trabajan con Editores de Chile y el Sindicato de Actores de Chile con motivo del proyecto de ley sobre piratería y con la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable para temas como el acceso a la educación o la salud y los riesgos que corren por la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio.

Derechos Digitales parte su trabajo desde la sensación de que todas las lecturas que se hacen del fenómeno tecnológico tienen un énfasis meramente económico y comercial. De hecho, el gran catalizador de toda la legislación existente es el comercio electrónico. Esta organización, en cambio está enfocada en el interés público y los derechos fundamentales.

Para Derechos Digitales el tema de la propiedad intelectual es primordial, el foco de interés está en el resguardo a los derechos de los creadores de una obra, garantizando el acceso a los consumidores y no necesariamente respondiendo al interés de las grandes empresas que tienen la titularidad de los derechos de autor, que en muchas ocasiones actúan en desmedro del creador.

Desde esta perspectiva Derechos Digitales y la Universidad de Chile, fueron los encargados en Chile de adecuar a la realidad nacional Creative Commons un proyecto internacional que tiene por objetivo fortalecer a los creadores, para que sean ellos quienes definan los términos en que sus obras pueden ser usadas, qué derechos desean entregar y en qué condiciones lo harán. Si en el sistema del derecho de autor el principio es que toda utilización de una obra debe tener un permiso expreso del titular de los derechos de autor, para las licencias Creative Commons el principio es el de la libertad creativa. Del sistema tradicional del derecho de autor « Todos los derechos reservados », se llega a « Algunos derechos reservados » para las licencias Creative Commons.

A nivel internacional Creative Commons se encuentra en 35 países, lo que ha significado para Derechos Digitales la necesidad de articular su trabajo con países como España y Argentina a fin de sumar experiencias en este proceso. Esta experiencia recopilada en el trabajo con organizaciones similares, pero de otros países de la zona, permite a Derechos Digitales hacer una comparación con respecto al comportamiento de la sociedad civil frente a las amenazas que conllevan los tratados de libre comercio y el poder de las grandes empresas. En este sentido, la industria de entretenimiento, la industria de softwares y las farmacéuticas son las que ejercen mayor presión sobre los gobiernos, la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) a fin de endurecer los derechos de propiedad intelectual. Ante esto, sociedades como Ecuador y Colombia han sabido organizarse a fin de crear presión ante las grandes compañías aumentando su margen de acción. En Chile, en cambio, la sociedad civil ha tenido escasa capacidad de respuesta y no ha sido involucrada en los procesos de negociación de TLC o en el proceso legislativo de adecuación normativa a éstos.

El esfuerzo realizado, por Derechos Digitales tiende a buscar esa proactividad, a fortalecer o crear un espacio de gobernanza real fortaleciendo a la sociedad civil en la defensa de sus derechos fundamentales en el ámbito de las nuevas tecnologías, una problemática común en los países de la región, frente a la cual esta organización busca hacer frente con una propuesta en el ámbito legislativo. Según los entrevistados, Creative Commons no es la solución al problema, sino una alternativa más. La propuesta de Derechos Digitales se basa en la modificación de la legislación actual a fin de reestablecer un equilibrio que se vio quebrantado con la introducción de la tecnología en nuestras vidas.

6. Comentario: Internet es el producto de propiedad social más importante desarrollado por el capitalismo. Hacer público el conocimiento no es un tema menor, en efecto, ni los socialismos reales lograron socializar bienes a esta escala. El fenómeno se genera por la necesidad de encontrar nuevos mercados y porque había en ella una alternativa de desarrollo. Sin embargo, esta “propiedad social” tiene en realidad su génesis en la propiedad privada de los medios, la que lejos de desaparecer se ha consolidado. Esta misma propiedad privada, muestra su influencia y su afán hegemónico en los bienes “públicos” que transitan por la red, a través de cortapisas tales como: copyright, derechos sobre propiedad intelectual, restricciones al uso de marcas, sanciones a la reproducción, etc. La génesis de estos instrumentos es la defensa del autor intelectual, sin embargo ellos se desvirtúan y mal utilizan coartando el derecho de los demás a acceder a esas creaciones. Como respuesta a estas distorsiones, surgen iniciativas como Creative Commons que recuperan la esencia de los derechos de autor y lo reposicionan en el centro de decisión de sus creaciones.

Sin la confluencia de distintos países en iniciativas como estas sería imposible lograr los objetivos que se plantean, en la base de Creative Commons radica la voluntad de crear un conocimiento que trascienda las barreras nacionales y que, al estar fundado en la libertad creativa, fortalezca la capacidad crítica y enriquezca los discursos en la medida en que se incentiven sus relecturas. Es por ello, que se presenta como una importante oportunidad de integración regional en la generación de un conocimiento compartido, discutido y mejorado. Y por qué no la posibilidad de trabajar mancomunadamente bajo esta modalidad en los círculos académicos e intelectuales.

Internet esta generando una revolución cultural, poniéndonos en contacto con distintas realidades en tiempo real y a un muy bajo costo, pero en este nuevo escenario, parecen estarse repitiendo las viejas diferencias sociales. Cada día más, los titulares de los derechos de propiedad intelectual, grandes empresas con capitales inconmensurables, niegan el acceso a toda la información, han utilizado todo su poder para silenciar las voces críticas, o simplemente incómodas a su conveniencia.

Si la Internet es considerada como una tecnología democratizadora, es necesario tomar los resguardos pertinentes para que no se vuelva un instrumento de dominación, cautelar que se garanticen todos los impulsos creadores y que el dinero no se vuelva, una vez más, el elemento diferenciador entre acceder y no acceder.

Así como en todas las producciones culturales, la riqueza de lo local y el valor de la diversidad y la crítica deben ser banderas de lucha para los gobiernos, porque enriquecen a las sociedades y porque detrás de ellas va también implícito el tipo de sociedad que se está construyendo.